Redes sociales y menores

La expansión de internet y más recientemente, la de los teléfonos inteligentes, ha transformado profundamente la vida cotidiana, incluyendo la de las personas menores^1,2. Hoy, gran parte de la socialización adolescente ocurre en entornos digitales^3–5: las redes sociales se han convertido en importantes espacios de encuentro, expresión y exploración^6–9. Su uso es generalizado y comienza a edades cada vez más tempranas⁵. En ellas, los adolescentes se comunican, aprenden, se divierten y construyen su identidad^4,10–12 de formas aún poco comprendidas y con consecuencias difíciles de generalizar^4,6. Para muchos adolescentes, sus vivencias en internet y en el contexto presencial se hibridan y forma un continuo que determina una única realidad psicológica^12,13. Las experiencias en uno, como la amistad o la violencia, permean el otro y transforman su forma de ver la vida ^3,14,15. Esta realidad se moldea a través de la interacción continua entre las necesidades de desarrollo del menor y la manera en que ellos y ellas configuran su experiencia en línea^{12,13,16–18}. De esta interacción surgen las oportunidades^6–8 y riesgos^{3,14,15,19,20} que encuentran o crean en línea. Estos últimos pueden interferir con su bienestar, su salud o con derechos fundamentales como la privacidad.

Diversos estudios y organismos han alertado sobre posibles efectos adversos, especialmente sobre la salud mental^6,21. En 2023, el director de Sanidad de EE. UU. emitió una alerta pública⁵, que fue seguida de demandas judiciales²² de estados²³ y escuelas²⁴ a grandes plataformas en ese país. También preocupa la recopilación masiva de datos personales (sobre la que existe una limitada comprensión por los menores o sus familias) pues esta debilita su privacidad y permite influencias comerciales que afectan a sus decisiones, comportamientos y bienestar^22,25. En España, también en 2023, se propuso desde la sociedad civil un Pacto de Estado²⁶ para proteger a los menores en el entorno digital²⁷. Con un amplio respaldo institucional y social, ha actuado como punta de lanza en la materia²⁷. Poco después, en 2024, la Fiscalía General del Estado, también puso el foco sobre el tema²⁸ y hasta hoy, a nivel nacional e internacional, se ha intensificado la atención sanitaria, legal, y social^4,29–33. Países como Australia, Francia, Estados Unidos o Reino Unido han comenzado a adoptar políticas y medidas regulatorias destinadas a reforzar la seguridad digital del menor³⁴, lo que también se observa en el marco europeo y nacional. Todas ellas se encuentran detalladas en el dosier de la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo del Congreso de los Diputados³⁴, a colación del Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales presentado este 2025³⁵.

Aunque existe consenso sobre la necesidad de actuar, persisten debates sobre la idoneidad de algunas medidas y la solidez de la evidencia que las respalda^7,32,36. Aun así, la comunidad experta coincide en que garantizar los derechos y el bienestar de las personas menores es un imperativo social y legal³⁷, que debe alcanzarse sin limitar su desarrollo ni su participación digital y sin asumir riesgos injustificados^7,27,30,32.

¿Qué es una red social?

Existen múltiples definiciones de red social, sin un consenso generalizado al respecto^8,38. De hecho, tratar de acotar un tipo de servicio digital de naturaleza extremadamente cambiante y fluida es complejo. Además, desde una perspectiva reguladora, puede limitar el alcance de las normas e impedir flexibilizarlas frente a su constante evolución (la incorporación de la inteligencia artificial o nuevas funciones y diseños, entre otros)^39,40. Por ejemplo, muchas de las funciones de las redes sociales (crear un perfil, conectividad e interacción con otros usuarios, mensajería, reacciones “me gusta”, recomendaciones algorítmicas de algún tipo, etc.) están presentes en juegos en línea, aplicaciones de compra, buscadores u otros servicios que, a su vez, pueden ser parte de las redes sociales^41–43.

Las redes sociales son servicios digitales que en su concepción ofrecen importantes oportunidades, sin ser intrínsecamente buenas o malas. Sin embargo, el modelo de negocio de las entidades que sustentan las principales redes sociales del mercado digital actual está orientado^42,44 hacia la maximización de beneficios económicos derivados de la participación de los usuarios, sin atender otros intereses^30,45.

Por todo ello, más allá de definirlas o poner el foco en la denominación del servicio, es importante atender a las funcionalidades o conjunto de ellas que, sin ser necesariamente específicas o únicas en redes sociales, pueden suponer un riesgo o requerir regulación⁴⁴.

El uso de redes sociales (no implica saber usarlas)

En España, las personas menores acceden de forma cotidiana a redes sociales desde edades cada vez más tempranas. Muchas veces, lo hacen antes de la edad mínima de acceso sin consentimiento paterno (en España, los 14 años) mediante autodeclaraciones y sin sistemas de verificación de edad efectivos^27,46. En cualquier caso, este umbral para prestar el consentimiento sobre su tratamiento de datos y, por ende, para poder acceder a las redes de forma independiente, responde a criterios legales derivados tanto de la Ley de Protección de Datos como de la incapacidad del menor para firmar contratos (lo que en la práctica supone la adhesión a una red social). No obstante, esto no implica que el hecho de tener 14 años garantice por sí mismo un uso seguro^47,48.

El smartphone es su vía preferida de acceso¹⁹ a las redes sociales y, a los 12 años, el 69 % ya tiene móvil propio⁴⁹, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Otros estudios elevan esta cifra a más del 90 % a los 11 años^10,50. Informes independientes a nivel nacional, como el de UNICEF (2021)⁵⁰, señalan que la presencia de los menores en, al menos, una red social es mayoritaria a partir de los 11 años (>95 %). Tres de cada cuatro los están en más de dos. Respecto a la intensidad del uso, la encuesta europea EU KIDS online (2020) identifica una clara estructuración por edad: la proporción de menores que usa a diario redes sociales es del 20 % entre los 9-11 años, el 48 % entre los 12-14 y el 53 % entre los 15-16¹⁹.

Entre las múltiples plataformas, YouTube, Instagram y TikTok son las más usadas, aunque el porcentaje concreto varía entre estudios^50–52. Además, en una misma red, muchos menores gestionan múltiples cuentas: para la familia, para amistades o anónimas para expresarse con mayor libertad^29,46. Los fines (divertirse, entretenerse, mostrarse, comunicarse, etc.) y usos pueden ser muy variados: algunos de los más reportados son chatear, ver videos, compartir fotos y videos propios o seguir a gente y curiosear⁵⁰.

En una minoría de casos, el contacto con redes comienza entre los 6 y 8 años o incluso antes, principalmente a través de las cuentas y dispositivos de sus padres^7,53. Prácticas como el sharenting^7,54 exponen a las personas menores desde etapas muy tempranas, aunque el uso más intensivo y social por parte del menor suele iniciarse a partir de los 9-10 años³. Por debajo de esa edad, el uso de redes se centra en el entretenimiento, especialmente en plataformas como YouTube³. Por ello, los estudios sobre redes sociales por debajo de 9-10 años son escasos y se enfocan más en el uso general de pantallas^8,53, un término vago y cuestionable para parte de la comunidad experta⁵⁵, y que este informe no pretende abordar.

Del individuo a las plataformas: factores clave

Edad, género y otros factores individuales y sociales relevantes

La adolescencia es una etapa de intensos cambios físicos, tanto hormonales como neurocognitivos, y socioemocionales que influyen en cómo se usan y experimentan las redes sociales^{6,44,68,121,122} (Cuadro 1). La sensibilidad a sus efectos es mayor que en cualquier otra etapa y varía según la edad: los más jóvenes (10-15 años) son los más vulnerables⁹⁵.

En términos de género, los efectos negativos son más comunes en chicas^{3,6,8,19,32,90}. El personal experto lo relaciona, en parte, con una pubertad más temprana⁹⁴ (Cuadro 1) y un uso, comparado con los chicos, más centrado en la imagen y las relaciones sociales. Además, este reproduce desigualdades de género^6,81,136,137 e incluye distintas formas de violencia digital de género¹³⁸. Una importante parte de los estudios señala una mayor exposición al uso de tipo problemático^10,139 y a la presión estética, con insatisfacción corporal o el uso de filtros, entre otros aspectos^{11,95,140–144}. De igual manera, se ven afectadas más habitualmente por el acoso o la difusión no consentida de imágenes íntimas^145–147, lo que en conjunto, conlleva consecuencias graves para su bienestar²⁷. También hay que considerar que gran parte de la investigación se ha enfocado en problemas internalizantes, en particular, depresión y ansiedad, que pueden amplificar las diferencias por género, ya que son más prevalentes en mujeres por factores tanto biológicos como de socialización¹⁴⁸.

La Ley de Servicios Digitales²²² prohíbe algunas de las prácticas señaladas, como el perfilado. Sin embargo, con anterioridad a la reciente publicación (junio de 2025) de los códigos de actuación de la norma²²⁶ (Cuadro 3), algunos trabajos académicos han sugerido que los mecanismos previstos podrían ser insuficientes para su aplicación efectiva²⁹⁷. Se espera una mayor regulación de las prácticas de personalización desleales mediante la futura Ley de Equidad digital europea (en fase de consulta abierta por el momento)¹⁸⁹.

Impactos sobre el bienestar y la salud

Aunque la mayoría de adolescentes utiliza las redes sociales sin consecuencias graves, una parte significativa sí experimenta efectos adversos¹⁰. De forma general, la gran variedad de efectos negativos relacionados abarcan desde problemas emocionales (internalización; como baja autoestima, depresión, etc.) o de conducta (externalización; comportamientos disruptivos, agresivos, impulsivos, etc.) hasta aspectos vinculados al deterioro del entorno social, familiar o escolar^15,302–306.

El estrés digital describe el malestar que sufren niñas, niños y adolescentes al interactuar en redes sociales u otros contextos digitlaes⁴⁰. No es un fenómeno único, sino un conjunto de tensiones y presiones derivadas del diseño y uso de estas plataformas, que fomentan la vigilancia, la ansiedad constante y otros efectos negativos. Abarca desde aspectos como la humillación pública, la presión por estar siempre disponible, el FOMO, la ansiedad por aprobación y la sobrecarga comunicativa, hasta consecuencias derivadas del ciberacoso^40,307. Estas formas de estrés se asocian con menor bienestar, síntomas depresivos, problemas de sueño y una intensa presión social. También es común que los adolescentes rumien sobre sus experiencias digitales, pensando frecuentemente en interacciones o contenidos que ocurrieron en línea.

Entre los múltiples impactos sobre la salud mental relacionados con el uso de redes sociales por parte de la población adolescente, aquellos que cuentan con mayor evidencia son²¹: uso problemático¹⁵⁴, depresión y ansiedad (sobre todo, vinculado a ciberacoso^308,309, comparación social, FOMO o doomscrolling^6,21,165), autolesiones y conducta suicida^6,21,67 (INFORME C)²¹⁸, trastornos alimentarios y asociados a la imagen corporal (es además el impacto con mayor sesgo de género^{140–143,154,157}), y la alteración de aspectos conductuales, afectivos y sobre la construcción de valores. Este último punto incluye desde mayor agresividad, conductas sexuales problemáticas, desinformación (INFORME C)¹⁶⁹ y desafección democrática^8,310 hasta el impacto traumático de las distintas formas de abuso o de la difusión no consentida de imágenes íntimas, reales o falsas⁸.

A nivel físico, la alteración del sueño es el efecto pernicioso que cuenta con evidencia más clara^21,90 ya que el uso nocturno de redes y pantallas, el uso intensivo, el FOMO y el estrés digital afectan a la calidad y duración sueño. Por su parte, la falta de sueño, incide en todos los aspectos de la salud^12,21,90,311 y otros parámetros, como peores resultados académicos¹⁵⁴. De hecho, aunque estos se han asociado negativamente con el uso excesivo de redes sociales, se requiere reforzar la evidencia al respecto para poder establecer causalidad^154,312,313. Existe también cierta evidencia que señala que el uso de redes puede desplazar la actividad física^6,70. Otros efectos físicos relacionados como cambios en el desarrollo cerebral (especialmente las áreas relacionadas con el control de impulsos y las emociones) requieren de más estudios y refuerzos metodológicos para poder ser concluyentes^12,21,68,314.

La protección de las personas menores en redes sociales

Responsabilidad

Organismos como el Comité de los Derechos del Niño²⁷, la Comisión Europea o el Consejo de Europa³¹⁵ subrayan que los Estados tienen la responsabilidad de garantizar mediante la regulación entornos digitales seguros y adaptados a la edad. Para ello, proponen un enfoque integral que involucre a gobiernos, plataformas, educadores, familias y sociedad civil^{4–7,66,75,316}.

El personal experto e instituciones como la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD) destacan que de forma generalizada las respuestas legislativas actuales pueden considerase fragmentadas, dispersas y requieren mayor coordinación entre organismos y sectores^7,61,67,317. Señalan la importancia de avanzar hacia una regulación específica, flexible y coherente centrada plenamente en los derechos de las personas menores y en los desafíos digitales, que reduzca la dispersión actual existente en la materia^7,30,66. Además, persisten vacíos normativos y dificultades de aplicación, en especial, en lo relativo al diseño de plataformas, la publicidad dirigida o la protección frente a prácticas manipulativas^22,27,33,205 (Cuadro 2). Asimismo, se cuestiona el alcance real de la autorregulación^6,7. Ante este panorama, la comunidad experta subraya la importancia de una mayor coordinación institucional y la creación de organismos de supervisión independientes, con recursos, autoridad y mecanismos para evaluar o verificar los riesgos y la seguridad de las plataformas, así como la eficacia de las políticas públicas⁷. Todos estos aspectos pueden favorecer el avance hacia una regulación coherente, centrada en los derechos del menor y adaptada a los desafíos del entorno digital^7,318.

Las prácticas que conllevan riesgos y efectos adversos en las redes sociales no deben asumirse como inevitables^30,43,299. Desde la perspectiva regulatoria, existen dos grandes grupos de actuaciones complementarias en las que conviene avanzar paralelamente. Por un lado, normas dirigidas a los prestadores de servicios, que son los principales responsables de sus productos y los daños que puedan causar^27,319. Pueden orientarse a la protección ante riesgos específicos, como puede ser Ley General de Comunicación Audiovisual²⁰⁷ frente a contenidos dañinos para el menor, o estructurales, como el Reglamento General de Protección de datos o la Ley de Servicios Digitales. Estas últimas ponen el foco en un aspecto fundamental: que las compañías garanticen servicios seguros por diseño y defecto para priorizar el bienestar infantil sobre otros intereses^5,6,75,320. Por otro lado, las políticas públicas son el marco para construir una sociedad más preparada y resiliente a los riesgos en línea (sección Una sociedad resiliente)^4,27. Esto no debe implicar que aspectos como el acompañamiento, el control o la mediación parental, la concienciación o el desarrollo de habilidades digitales, entre otros, trasladen la responsabilidad sobre la seguridad a las familias, escuelas o el propio menores, pues radica en las plataformas.

La literatura científica señala que la evidencia empírica sobre la efectividad de las intervenciones y regulaciones en el campo de las redes sociales pueden considerarse, en términos generales, incipiente y necesita ser fortalecida^4,66,75. Esto pone de relieve la importancia de evaluar rigurosamente todas las intervenciones que se desarrollan y aplican, tratándolas como experimentos naturales^40,75. Un ejemplo es la reciente prohibición del uso de redes sociales por menores de 16 años en Australia o los avances en la moderación de contenidos en Reino Unido, cuyas implementaciones deben ser analizadas con atención para diseñar los siguientes pasos (Cuadro 3). De hecho, en los últimos años se han impulsado múltiples estrategias e intervenciones orientadas a la protección de las personas menores en redes sociales e internet^4,40,75. En el contexto español, destaca particularmente el reciente conjunto de medidas elaborado por el Comité de Personas Expertas para el desarrollo de un entorno digital seguro para la juventud y la infancia²⁷.

Redes seguras y adecuadas a la edad por diseño y defecto

Hasta el momento, las estrategias de seguridad de las plataformas se han centrado en un enfoque reactivo. Es decir, los menores quedan expuestos a los riesgos mencionados y se actúa cuando se detecta un daño o infracción concreta⁴³. Otra estrategia extendida es la creación de espacios o alternativas a los servicios enfocadas exclusivamente en menores, algo desaconsejado por permitir su clara identificación y generar un “efecto pecera” que puede favorecer la concentración de actores maliciosos, la explotación comercial de sus datos o cualquier otro riesgo⁴³. La medida preferida para reducir la exposición a los riesgos, garantizar la privacidad y, en definitiva, proteger el interés superior del menor es la construcción de entornos digitales (redes sociales, plataformas, servicios o, de forma genérica, un internet) seguros por diseño y por defecto. Esto implica que las medidas de protección se integren desde el diseño sin requerir ningún tipo de acción del usuario^43,321, en línea con la Ley de Servicios Digitales u otras normas internacionales, como la Online Safety Act del Reino Unido (Cuadro 3). No obstante, la comunidad experta destaca la importancia de aumentar los esfuerzos y el cumplimiento de los proveedores de servicios en esa dirección^4,8,27.

Coordinación, cooperación y transparencia como principio rector

La visión regulatoria europea se ha basado históricamente en valores como la apertura, la inclusión y la transparencia³²². Sin embargo, la comunidad experta considera que el compromiso del sector digital con estos principios y la seguridad por diseño y defecto no es homogéneo y es en muchos casos bajo²⁷. Las medidas adoptadas, como normas internas, medidas voluntarias y autoregulación, control parental o filtros, se consideran insuficientes²⁷. Es necesario reforzar el compromiso de las plataformas y, si el cumplimiento falla, revisar y considerar medidas más firmes incluyendo la capacidad de sanción^6,7, lo que requiere también de coordinación entre estados para garantizar un marco regulatorio común y sólido.

La protección del menor en redes sociales requiere que las plataformas colaboren activamente y replanteen el modelo de negocio ante sus posibles efectos negativos. Para ello es necesario que compartan datos con la comunidad científica, informen sobre el riesgo e impacto de sus servicios y avancen en transparencia algorítmica y moderación de contenidos ilegales y dañinos, de forma proactiva y actuando con rapidez y abiertamente cuando son detectados^7,40,44,323. Esta cooperación es esencial para generar conocimiento útil y construir entornos digitales más seguros. La agilidad y el compromiso real de las plataformas son necesarios para prevenir daños y garantizar una protección efectiva.

Rediseñar para la seguridad y el bienestar

La Ley de Servicios digitales dedica su artículo 28 a la protección de los menores en las plataformas digitales y establece cómo las plataformas deben avanzar hacia un diseño seguro por defecto ajustado a la edad (Cuadro 3). Existen también guías a nivel nacional^30,43,299 e internacional^{315,321,324,325} que, en algunos casos, incluyen directrices para abordar desde el diseño los derechos digitales de las personas menores (Figura 2). Se destaca así la importancia de que las grandes plataformas incorporen este enfoque en su oferta de servicios. En cuanto al diseño persuasivo de las redes (Cuadro 2), la UE también propone eliminar funciones como el scroll infinito o el “me gusta”¹⁸⁷, apostar por configuraciones seguras y fáciles de usar o reducir por defecto el número de notificaciones para evitar el uso excesivo⁷⁵.

Figura 2. Principios para garantizar los derechos digitales por diseño dirigidos a las plataformas³²³.

La trazabilidad debe ser parte central del rediseño: la regulación europea destaca la importancia de documentar y compartir abiertamente estos procesos (como los test A/B, u otros aspectos que dirijan las decisiones)³²⁷. Como en protección de datos, las plataformas deberían dejar constancia de sus decisiones, objetivos y adecuación a estándares de seguridad infantil. Esto supone un cambio de paradigma: que las plataformas demuestren la seguridad de sus productos antes de lanzarlos⁵⁸. Así se avanza hacia una gestión de riesgos centrada en las personas menores, con auditorías independientes por edad y grupo social^5–7 (ver Cuadro 3). Aunque muchas empresas prueban sus diseños a gran escala, no comparten los resultados ni los orientan al interés público^6,40. La trazabilidad afecta también a la recomendación algorítmica, ya que sigue habiendo una falta de alternativas transparentes y diseñadas para menores que garanticen el filtrado de contenidos inapropiados.

Control parental y aplicaciones de bienestar digital

Las aplicaciones de control parental buscan regular el uso de redes sociales mediante límites de tiempo y alertas, filtrado de sitios y contenidos, u otras funciones. Estas pueden estar integradas en las propias plataformas, en aplicaciones externas o en los dispositivos (informes de tiempo de pantalla, modos “escuela” o “concentración”, temporizadores, alertas por uso excesivo, etc.). Sin embargo, la evidencia sobre su efectividad es limitada⁷⁵ y muchas de estas medidas pueden ser fácilmente eludidas por los adolescentes. Por ejemplo, solo una de 23 revisiones ha detectado mejoras en indicadores de depresión al limitar el uso de redes sociales^88,328 y los estudios disponibles son escasos y con resultados poco concluyentes⁷⁵. A pesar de ello, estas herramientas pueden ser útiles para aumentar la fricción y favorecer el autocontrol, si se adaptan a la edad y se integran en un enfoque más amplio que incluya acompañamiento familiar y promoción del bienestar digital. En este contexto, la mediación parental emerge como un elemento clave que va más allá del control técnico: abarca el diálogo, la educación digital y el acompañamiento activo en el uso responsable de las tecnologías^329,330 (sección Estrategias para el bienestar digital).

Edad de acceso, contenidos adecuados y sistemas de verificación

Las soluciones de verificación de edad son una de las herramientas más destacadas para contribuir a un entorno digital seguro por defecto, ya que de forma proactiva pueden evitar la exposición a contenidos o funciones perniciosas para los menores⁴³. Deben integrarse con otras herramientas, como detalla la AEPD^43,331. Esta identifica las redes sociales como servicios accesibles a todos los públicos, donde ciertos contenidos o funciones consideradas para adultos, deberían estar protegidos por verificación de edad⁴³.

Esta verificación debe entenderse como un mecanismo que habilita el acceso solo a quienes cumplen con el criterio de edad o para permitir la toma de decisiones por parte de quienes ejercen la patria potestad²⁰. De hecho, cuando no se supera la edad de consentimiento legal³⁴, estos sistemas trasladan “la carga de la prueba” de superación de un umbral de edad al adulto, como establece la actual normativa⁴³. Para ser efectiva, la verificación debe aplicarse por defecto: las personas menores no deberían tener que demostrar su edad ni exponer su naturaleza (por ejemplo, recibiendo información adaptada para tomar decisiones que no les corresponden) para que se bloqueen contactos, contenidos o funciones no apropiadas a su edad²⁰.

En este contexto, los proveedores de servicios en internet tienen la obligación de evolucionar para implementar los principios de protección de datos desde el diseño y por defecto y garantizar que sus usuarios cumplen con los criterios de edad requeridos⁴³. El Proyecto de Ley Orgánica para la protección del menor en entornos digitales plantea elevar la edad de consentimiento para el tratamiento de los datos personales de los menores de edad en España a los 16 años³⁴, justo por encima del umbral de mayor sensibilidad. Sin embargo, para que la medida no vea limitado su potencial, se requieren también mecanismos de verificación de edad efectivos. En esta línea, España, junto a otros 10 países han solicitado a la UE la verificación obligatoria de edad para el acceso de menores a redes sociales mediante sistemas eficaces³³².

En la actualidad, existen distintas técnicas para llevar a cabo esta verificación: autodeclaración (la más común, reconocida como ineficaz para garantizar la protección), documentos oficiales, sistemas estimativos (por biometría, análisis de la escritura, etc.) o certificados y carteras digitales, entre otras³³³. Según los expertos, es necesario ofrecer diversos métodos para garantizar el derecho de acceso y prevenir limitaciones o sesgos individuales. La verificación de edad, por otra parte, también plantea amenazas y riesgos, como la falta de anonimato, favorecer la identificación del menor o trazabilidad, entre otros^205,331,334, que han de considerarse para que no se conviertan en una excusa con la que extraer más datos. Para evitarlos, la AEPD ha elaborado una guía con los principios que deben cumplir estos sistemas³³¹ y ha impulsado un modelo pionero de verificación anónima sin perfilado ni identificación del menor^30,331. A nivel europeo, se avanza en el desarrollo de soluciones interoperables⁸ como, el proyecto euCONSENT³³⁵ o la futura cartera para la Identidad Digital Europea (EIDAS 2)^226,333,336 (ver Cuadro 3). Mientras esta solución se pone en marcha, la Comisión Europea recomienda usar métodos de estimación de edad en base a sus recomendaciones³³⁷ en los casos en los que se necesite asegurar que un usuario tiene una edad mínima, sobre todo, si hay riesgos específicos para menores²²⁶.

Aunque técnicamente puedan ser viables, la necesidad de una aplicación a gran escala implica desafíos complejos para la implementación de nuevos sistemas de verificación eficaces³³⁸. Se requiere acciones conjuntas basadas en la cooperación internacional y la coordinación con los proveedores de servicios para poder tener un impacto real y práctico. Otra barrera es la necesidad de avanzar en el establecimiento de criterios técnicos, pedagógicos y de salud⁵ para clasificar contenidos y plataformas por edades así como reforzar el cumplimiento de las políticas de acceso⁶⁷ (Cuadro 3). Esta dificultad afecta tanto a los sistemas de verificación de edad como a los sistemas de control parental que establecen límites en el tipo de actividad. Además, aunque algunos expertos aconsejan la implantación de sistemas obligatorios para proteger a las personas menores^5,75,338, otros cuestionan este enfoque restrictivo. Apuntan a los riesgos y dificultades de establecer umbrales fijos o definir una “edad adecuada” ^65,333,339, mientras destacan el papel de la educación y el diseño seguro por defecto para la protección^65,69,339.

La lucha contra conductas y contenidos ilegales y perjudiciales

Las respuestas reactivas, que normalmente actúan una vez detectada la exposición del menor al delito o el contenido dañino, son necesarias para complementar la seguridad por defecto con un marco legal sólido y herramientas tecnológicas eficaces^4,8. En el plano legal, destacan la Ley Orgánica 8/2021³⁴⁰, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, y la Ley Orgánica 10/2022³⁴¹ de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. Asimismo, a nivel europeo, existen estrategias y centros especializados³⁴² para coordinar la lucha contra estos delitos en línea, fortalecer la capacidad de respuesta penal²⁸ y elevar la ciberseguridad^{8,169,343,344} (INFORME C)³⁴⁴. Sin embargo, parte del personal experto destaca negativamente la falta de acuerdo desde 2022 sobre la Propuesta de Reglamento europeo para prevenir y combatir el abuso sexual de los menores^345,346, pues puede limitar el alcance de los esfuerzos individuales de los estados y la acción coordinada ante tipos penales variables.

En España, la Fiscalía General del Estado subraya la urgencia de una política criminal activa frente a delitos emergentes como el grooming, la suplantación o las ultrafalsificaciones²⁸. Sin embargo, persisten lagunas legales y dificultades técnicas, por ejemplo, ante el uso de redes privadas encriptadas⁵⁷. Ampliar capacidades técnicas y operativas, así como la formación y dotación de los cuerpos de seguridad, puede mejorar la respuesta⁵⁷. En este sentido, tecnologías como PhotoDNA son eficaces para detectar y limitar la distribución de material ilegal, en concreto, el relacionado con abuso sexual infantil⁸. La inteligencia artificial permite también localizar contenidos dañinos (autolesiones, trastornos alimentarios, violencia, desinformación), aunque se enfrenta a retos de fiabilidad y aplicabilidad^5,6,347.

Por su parte, las plataformas combinan moderación automática (filtros de contenido, sistemas de detección, etc.) y humana para mitigar riesgos^4,8, pero su eficacia es limitada. La comunidad experta señala que la retirada de contenidos dañinos es lenta, no sistémica y se cuestiona la colaboración de las plataformas³²³. Es urgente reforzar mecanismos que garanticen esta moderación (internos y externos, como auditorías, organismos supervisores, etc.) y permitan poner freno a prácticas perjudiciales (exposición indiscriminada a contenidos dañinos, etc.). Además, es necesario garantizar la existencia de canales eficaces, rápidos y accesibles de denuncia y retirada, adaptados a menores, familias y educadores^5,6,210,219. En este terreno, existen avances en la UE y en países del entorno, como Reino Unido (Cuadro 3). También existen redes internacionales, como INHOPE⁵⁷, que facilitan estos canales, y nacionales. En España, por ejemplo, la AEPD ofrece un canal prioritario para denuncias³⁴⁸ e INCIBE un canal joven, el 017, para ayuda y consultas³⁴⁹.

Una sociedad más resiliente: familias, escuelas y menores

Desigualdad digital

Los usos de la tecnología vienen determinados por múltiples factores. Así, las competencias digitales²⁷ no se distribuyen homogéneamente en la población y dependen de factores culturales, educativos, socioeconómicos, geográficos, de edad y género, entre otros^350,351. Diversos estudios ponen de relieve como las desigualdades socioeconómicas marcan y condicionan los beneficios que la gente obtiene de la tecnología³⁵². Por tanto, las soluciones que ponen el foco en las familias y las personas menores pueden ver muy limitado su impacto en los colectivos más vulnerables si no se consideran estas desigualdades. Se trata, por otra parte, de un factor escasamente abordado en los estudios desarrollados³⁵³.

Así, soluciones basadas en aspectos como la mediación parental pueden ser infructuosas, si las familias carecen de las habilidades o competencias y otros recursos necesarios (formativos, tecnológicos, tiempo, etc.). Igualmente, a la hora de diseñar actividades o planes de alfabetización digital, es importante considerar que las personas menores en contextos vulnerables tienen más dificultades para adquirir destrezas digitales que les permitan obtener beneficios significativos de la experiencia en línea y protegerse y afrontar los riesgos asociados^185,354,355. Puesto que son habilidades cada vez más necesarias para la vida cotidiana, la participación cívica y el desarrollo profesional, es esencial desarrollar estrategias eficaces que reduzcan las desigualdades sociales y digitales existentes³⁵⁴.

Sistema de salud, evaluación clínica y asistencia a las víctimas

En España, la Asociación Española de Pediatría ha publicado el “Plan Digital Familiar” con pautas para familias y pediatras²⁷. La comunidad experta recomienda incluir el plano digital en el ámbito de la salud y reforzar la prevención de manera universal: formar a profesionales sanitarios en riesgos digitales, incorporar preguntas sobre el uso de redes en las consultas²⁷, asegurar el acceso a apoyo psicológico⁶ (INFORME C)²¹⁸ o establecer indicadores de bienestar digital en las encuestas de salud pública^5,6. En casos de hábitos digitales problemáticos tempranos, la prevención selectiva se centra en fomentar el tiempo en familia y estilos de crianza positivos¹³⁵. A nivel clínico, se proponen terapias como la entrevista motivacional o la cognitivo-conductual, similares a las usadas en adicciones e integrables en atención primaria y el ámbito escolar¹³⁵. Este último, ofrece importantes oportunidades para fomentar el binomio salud-hábitos digitales (ver siguientes secciones). De igual forma, se destaca la necesidad de un sistema integral de apoyo a víctimas de daños en redes⁸, dentro de un enfoque coordinado e institucional que incluya canales de denuncia y ayuda (ver sección La lucha contra conductas y contenidos ilegales)^5,67.

Concienciación y alfabetización digital y mediática

Generar conciencia social sobre los riesgos del ecosistema digital es clave para que las personas puedan identificarlos²⁷. Por tanto, que plataformas o autoridades adviertan sobre ellos, así como sobre las medidas de protección posibles al acceder o usar las redes sociales, puede ser positivo^4,356.

Existe consenso entre profesionales, responsables públicos y expertos en que, para poder actuar con autonomía en los entornos digitales, se requieren competencias específicas que no se adquieren solo por interactuar con la tecnología^{3–5,8,22,27,28,66,357,358}. Mayormente incluye habilidades informacionales o de búsqueda y procesamiento, de interacción social o comunicación, de creación de contenidos y de programación o codificación, pero pueden abarcar otras más específicas enfocadas en la seguridad, el comportamiento ético o la evaluación crítica de la información³⁵⁹. Por ello, ante una sociedad cada vez más digitalizada, es esencial garantizar que toda la ciudadanía, especialmente menores y otros grupos vulnerables, cuente con medios y oportunidades para desarrollarlas³⁵⁰.

En la misma línea, la UNESCO destaca la importancia de reforzar la alfabetización mediática, informacional y digital, para desarrollar las habilidades³⁵⁵ y el conocimiento digital³⁵⁵ que favorezcan la gestión del riesgo en función de la edad^27,357. Se trata de una cuestión sobre la que existen múltiples enfoques adicionales. Algunos autores añaden dominios más específicos, como alfabetización en redes, datos o privacidad^276,360. Otros, resaltan la importancia de aspectos más transversales: el desarrollo de la lectura o el pensamiento crítico^{343,350,361,362} y la dimensión ética³⁵⁰ desde edades tempranas (como primaria)²³³.

Conviene remarcar que la alfabetización digital no se limita al dominio de habilidades: incluye saber cómo aplicarlas y combinarlas según edad, contexto, etc.^27,357. Aunque la evidencia empírica sobre su efectividad en población joven aún es limitada, se reconoce que no reduce necesariamente la exposición a riesgos, pero sí contribuye a mitigar sus efectos negativos y fortalece la resiliencia digital³⁶³. Los adolescentes con mayor alfabetización digital tienden a gestionar mejor las consecuencias de sus experiencias en línea y adoptan estrategias más eficaces para proteger su bienestar⁸⁵. Para desarrollar esta resiliencia, la comunidad experta señala la importancia de cierta exposición a riesgos, siempre que sea manejable para el menor y cuente con el acompañamiento adecuado⁸⁵. En este marco, la alfabetización y la resiliencia digitales se plantean como una alternativa a la sobreprotección, al permitir que los menores comprendan, evalúen y afronten los riesgos digitales, mientras que las medidas regulatorias se concentran en prevenir los daños más graves⁸⁵. De hecho, algunos expertos destacan su relevancia puesto que siempre existirán riesgos en línea²⁸ y recuerdan que, las prohibiciones, pueden asociarse con una disminución de los niveles de alfabetización mediática o digital⁶⁹.

Las habilidades que pueden proteger frente a los riesgos digitales forman un conjunto multidimensional, tanto por su diversidad como por los efectos que buscan^354,355,364: desde mejorar el aprendizaje o el bienestar hasta facilitar relaciones sociales saludables. Aunque suele asumirse que potenciar estas habilidades reduce la exposición a riesgos, la evidencia muestra una realidad más compleja: algunas pueden aumentar la exposición (a riesgos y oportunidades)³⁶⁵, pero también mejorar el afrontamiento^167,354 y reducir la probabilidad de consecuencias negativas cuando los riesgos se materializan³⁶⁴. Por ejemplo, las habilidades de comunicación e información tienen efectos mayoritariamente positivos, mientras que el conocimiento técnico está bien relacionado con un aumento de exposición a riesgos, si no se acompaña de capacidades críticas y de evaluación, como ocurre en sistemas educativos centrados en la informática³⁶⁵. Cada habilidad, por tanto, puede tener impactos deseados y no deseados³⁶⁵. Diferenciarlos y ahondar en el estudio de cada dimensión es clave para orientar futuras políticas^354,365.

Aunque se han desarrollado numerosas intervenciones destinadas a la alfabetización digital y mediática, la evidencia sobre sus efectos es variable y, en muchos casos, escasa. Revisiones recientes indican que los resultados varían según múltiples factores: tipo de intervención, grupo objetivo, edad, contexto o el resultado esperado^362,366. La evidencia es más robusta en estrategias orientadas a mejorar competencias digitales y mediáticas, seguidas por aquellas centradas en el aprendizaje, la educación o la privacidad. Sin embargo, es más limitada respecto a sus efectos en el bienestar psicológico y social^351,362,367. Por otro lado, su eficacia es mayor en edades tempranas, mientras que existen pocos datos sobre sus efectos en grupos adultos como el profesorado³⁶².

Ante la diversidad e interconexión de los retos, la comunidad experta destaca un enfoque multifacético, adaptado a objetivos y públicos específicos, que incluya la evaluación de impacto. Se destaca la importancia de integrar de forma estructurada el desarrollo de habilidades en el currículo y las políticas educativas, ya que distintas competencias digitales generan resultados distintos, tanto en línea como offline^27,205,355. Es prioritario fomentar un diálogo abierto y habitual entre menores, familias y educadores sobre sus experiencias en línea^30,230, además de formar a padres, madres y profesorado en riesgos y competencias preventivas^30,354. En España, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación de Profesorado (INTEF), en colaboración con la AEPD y otras instituciones, trabaja activamente en la formación docente en este ámbito³⁰.

Estrategias para el bienestar digital en familia, en centros educativos y a nivel personal

Aunque muchas estrategias se centran en moderar el uso de pantallas, que trasciende el uso de redes sociales, y el nivel de evidencia es limitado o contradictorio, se consideran, en su conjunto, útiles para fomentar un uso más equilibrado de las redes sociales^75,368,369. La familia y la escuela son contextos clave para promover un uso seguro y crítico desde edades tempranas²⁷. De hecho, el apoyo familiar resulta especialmente protector frente a riesgos como el ciberacoso, incluso más que el de docentes o compañeros, lo que refuerza la necesidad de una alianza escuela-familia¹⁵.

Al mismo tiempo, conciliar la autonomía adolescente con la protección digital genera tensiones intergeneracionales, tanto en casa como fuera^3,288,370. Las interrupciones familiares causadas por dispositivos, son solo un ejemplo³⁶⁸. A esta tensión se añaden las dificultades relacionadas con el nivel de alfabetización digital y mediática, condiciones sociales, económicas o laborales de padres y madres para un acompañamiento efectivo de los niños, niñas y adolescentes y, muchas veces, falta de hábitos digitales saludables que sirvan como modelo por parte de los propios adultos^22,27,205.

Las intervenciones familiares o de mediación parental pueden ser de corte restrictivo o facilitador³⁶⁹. Los estudios identifican^329,369: regulación restrictiva (límites, normas de tiempo, horarios, contenidos), monitorización parental (supervisión, control directo de lo que se visita, interacciones, etc.) y software (herramientas tecnológicas de control del dispositivo, filtros, apps de seguimiento) por un lado, y por el otro, regulación activa (diálogo, enseñanza sobre riesgos, fomento de uso responsable) y co-uso (acompañamiento, uso digital compartido). Sin embargo, a pesar de la preocupación existente, únicamente un porcentaje reducido de madres y padres aplica límites: solo el 13 % de las familias restringe contenidos, el 24 % limita el tiempo de uso y el 30 % establece alguna norma²⁷.

La mediación parental restrictiva se asocia con menores habilidades digitales en los hijos, mientras que la mediación activa y facilitadora tiende a promoverlas, aunque no siempre es así³⁵⁴. Por lo general, sentirse seguro, acompañado y familiarizado con el entorno digital favorece una mayor comprensión y uso competente de las tecnologías³⁵⁵. Dada la gran heterogeneidad de contextos y las propias características del menor, conviene adoptar e integrar enfoques personalizados para abordar el uso de redes de la forma más integral posible^75,368,369.

La evidencia sugiere que los enfoques facilitadores son más eficaces a largo plazo, especialmente para prevenir riesgos como el ciberodio, la revelación de información privada, la victimización^371,372 o el acceso a contenidos inapropiados³²⁹. Ver contenidos juntos, hablar sobre lo que hacen en redes o participar en actividades sin pantallas fortalece la confianza mutua y reduce la ocultación del uso digital^5,75. Sin embargo, los menores afirman que la restrictiva es la estrategia más usada³²⁹. También se ha demostrado útil establecer normas claras adaptadas a la edad, acuerdos familiares sobre el uso del móvil, zonas libres de pantallas y estrategias que favorezcan la autonomía, como permitir a los adolescentes elegir entre varias reglas posibles⁷⁵. En conjunto, se considera que estas medidas mejoran la salud mental, reducen las comparaciones en redes y fomentan hábitos digitales más saludables en la adolescencia⁷⁵. Asimismo, existen en la actualidad iniciativas con buenos resultados destinadas a rebajar la presión social sobre el uso del móvil y sus aplicaciones mediante acuerdos o pactos entre familias (por zonas, centros educativos, clases etc.) destinados a retrasar su uso³⁷³.

El ámbito escolar es idóneo para promover la salud (mental y física) desde edades tempranas y actuar como factor protector frente a riesgos digitales y hábitos no saludables^6,135 (INFORME C)²¹⁸. Muchas intervenciones orientadas a mitigar los riesgos presentados en este informe se centran en restringir el uso de móviles de uso privado en los centros. Conviene diferenciarlo del concepto de dispositivos digitales del centro, que se usan con fines pedagógicos y empleados bajo supervisión de los docentes (INFORME C)³⁷⁴. El uso de la tecnología en el aula con fines educativos es un tema aún más amplio sobre el que existen disensos en la comunidad experta²⁷.

La UNESCO respalda las medidas de restricción del uso de móvil personal, adoptadas en países como Francia, Finlandia, Italia o Portugal, entre otros²⁷. En España, la aplicación varía por comunidades, aunque desde 2024 se recomienda prohibirlos en primaria y limitar su uso en secundaria a fines pedagógicos o médicos^375,376. Aunque la medida cuenta con bastante consenso entre la comunidad educativa^376,377, la evidencia sobre el impacto de este tipo de prohibiciones en rendimiento académico o acoso y, especialmente, en el bienestar es contradictoria. Aún se considera insuficiente y varía (efectos positivos, negativos o nulos) entre estudios y países^{75,86,90,377,378}. No obstante, resultados preliminares de uno de los metaanálisis más recientes sugieren que la prohibición del móvil se relaciona con un mayor rendimiento, mejor clima escolar o una caída del acoso³⁷⁹. Por otro lado, desde países de nuestro entorno, como Portugal, se informa este mismo año que los centros escolares tienden a reportar una disminución del acoso tras implementar la medida³⁸⁰. De hecho, el aspecto sobre el que más efectos positivos convergen parece ser este, el acoso^75,380. En cualquier caso, las limitaciones del conocimiento actuales ponen de relieve la importancia de evaluar la eficacia rigurosamente cuando se aplican este tipo de medidas.

Por el momento, existen programas de prevención³⁸¹ enfocados en riesgos específicos, como conductas sexuales (Cuadro 4), grooming³⁸², violencia²³⁰, ciberacoso (por ejemplo, el programa HateLess^383,384), desinformación (INFORME C)¹⁶⁹, conducta suicida (INFORME C)²¹⁸ o privacidad (INFORME C)³⁴⁴, que muestran resultados positivos. También se han desarrollado y validado programas multirriesgo (como Safety.net) que sobre una base de alfabetización digital y habilidades socioemocionales aborda de forma integrada varios de los riesgos antes mencionados^385,386. No obstante, la comunidad experta destaca la importancia de aplicar programas que cuenten con indicadores y evidencia que validen su eficacia y efectos positivos³⁸¹ ya que, aunque bienintencionadas, algunas estrategias universales pueden no tenerlos o, incluso, derivar en daño iatrogénico^387,388 (INFORME C)²¹⁸.

En el plano individual, es fundamental promover hábitos entre los menores para limitar el uso, proteger la privacidad o pedir ayuda ante el malestar⁶⁷. Las estrategias basadas en los programas de abstinencia y reducción del uso muestran evidencia mixta sobre su efecto en el bienestar y la salud mental: algunos estudios, incluyendo un ensayo clínico aleatorizado, identifican beneficios, otros efectos negativos y un reciente meta-análisis al respecto que evalúa el conjunto de la evidencia no detecta un efecto significativo^75,389. Muchos factores, desde individuales al tipo o duración de la intervención o el tipo de estudio, pueden estar detrás de las discrepancias^390,391. Por ello, conviene que las recomendaciones generales sobre limitar el tiempo de pantalla en la adolescencia se ajusten individualmente a los factores y causas que determinan el uso por parte del menor y se evalúen los resultados⁶⁸. Una parte de la comunidad experta destaca la importancia de enfoques personalizados que, más allá de limitar el uso, fortalezcan la resiliencia digital, involucrando a profesionales y proveedores en la tarea⁶⁸.

Participación infantil y comunitaria

La comunidad experta destaca la importancia de preguntarse si estamos escuchando lo suficiente a las personas menores³⁵⁴. Asimismo, la Ley de Servicios Digitales promueve la participación de expertos independientes y jóvenes para llevar a cabo el rediseño de las plataformas^5,6,75.

Por un lado, se pueden incorporar activamente las voces de los menores en los estudios (como EU-Kids online¹⁹, publicaciones científicas adaptadas³⁹², etc.). Por otro, es aconsejable fomentar su participación en la elaboración de políticas centradas en el uso de las tecnologías digitales y su protección o en aspectos relacionados con la propia experiencia, como el diseño de plataformas digitales⁷⁵. Para ello, la presencia de menores en comités expertos o grupos de trabajo similares^5,75 puede propiciar que los avances respondan mejor a sus realidades y necesidades³⁵⁴ a la vez que se refuerza el ejercicio de su derecho a la participación^393,394. Además, pueden servir para comprender mejor y atender a las necesidades de grupos especialmente vulnerables (niñas, LGTBIQ+ o minorías étnicas, etc.)⁵. Todos estos aspectos, conviene también reforzarlos mediante la participación de grupos de interés, como organizaciones de padres de familia, ya que favorecen la integración de las múltiples dimensiones interrelacionadas en el fenómeno⁵.

Hacia un enfoque estructural y con visión de futuro

Cerrar la brecha entre tecnología y protección de niños, niñas y adolescentes requiere avances más rápidos en el nivel de evidencia disponible. Los servicios basados en tecnología avanzan a mayor velocidad que nuestra capacidad para comprender los cambios o efectos que conllevan. También que la respuesta regulatoria, o de otro tipo, que puedan requerir³⁹⁵. El mundo de mañana será un mundo aún más mediado por la tecnología, y por definición, lo que hoy se regula se enfrentará mañana a nuevos avances tecnológicos²⁰⁵. Por tanto, mientras se analiza el impacto de las redes sociales, muchos adolescentes ya están en la siguiente pantalla, utilizando múltiples herramientas basadas en inteligencia artificial generativa^32,395 (INFORME C)³⁷⁴. Conviene entonces recordar que, por un lado, es importante que las regulaciones sean flexibles, a la vez que introducen unos valores o principios rectores claros que se orienten principalmente a los diseños, contenidos, tecnologías y mecanismos reconocidos como problemáticos, ya que no dejarán de reconfigurarse en formas y servicios nuevos o ya existentes. Por otro, que para proteger y mejorar el bienestar de niños, niñas y adolescentes en el futuro, la anticipación y generación temprana de conocimiento sobre su relación con las tecnologías y sus potenciales efectos es una herramientas clave y necesaria³⁹⁵. Aunque la colaboración entre menores, familias, gobiernos y plataformas es esencial, la comunidad experta coincide en la necesidad de un rediseño ético y estructural de las plataformas que garantice un entorno digital más seguro, justo y saludable^6,7,67.

Asimismo, se impone una visión que no aísle la tecnología del resto de factores que configuran la vida y el bienestar de los menores⁴⁰: no todos los problemas son digitales. Analizar el impacto de las redes sociales sin considerar el contexto social, cultural, económico o ambiental ofrece una visión parcial del problema y de su resiliencia que, además, puede frenar avances en cuestiones estructurales clave^32,69,85.